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Un analista escribe: «Los servicios de los empleados comenzaron el 1 de enero, pero el plan no se aprobó hasta el 15 de febrero; por tanto no hay nada que registrar para enero y febrero, ya que el valor razonable solo se define en la fecha de concesión.» ¿Cuál es el error de este razonamiento?

Toma la fecha de aprobación, cuando la fecha de concesión es aquella en que el plan se comunica a los empleados.

Cuenta servicios recibidos desde el 1 de enero, cuando los servicios se reciben a partir de la fecha de concesión, lo que aplaza el registro de todo lo anterior.

Olvida que, cuando los servicios comienzan antes de la fecha de concesión, el valor razonable de esa fecha se estima para el período de servicio anterior.

Hace de la fecha de comienzo de los servicios la fecha de concesión, cuando esta es la fecha de aprobación.